
Noticias Argentinas difundió que el proyecto de ley denominado "Súper RIGI", que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y quedó a la espera de su tratamiento en el Senado, propone un régimen de promoción con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios superiores a los contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de atraer proyectos de gran escala vinculados a nuevas industrias.
La iniciativa impulsada por el Gobierno establece que podrán acceder al régimen los proyectos con inversiones mínimas de US$1.000 millones y exige que al menos el 20% de ese monto sea comprometido durante los dos primeros años.
El acceso deberá instrumentarse mediante Vehículos de Proyecto Único (VPU), estructuras societarias constituidas exclusivamente para cada emprendimiento, que también podrán ser utilizadas por sociedades radicadas en el exterior.
Entre los beneficios previstos figura una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un gravamen del 3,5% sobre dividendos y utilidades, la eliminación de los derechos de exportación para los proyectos alcanzados, la exención de tributos para las importaciones vinculadas a las inversiones, un esquema de libre disponibilidad progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% en el tercer año y una contribución patronal reducida al 10% para las nuevas relaciones laborales.
El proyecto también contempla estabilidad normativa por un plazo de 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social, además de habilitar la posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales internacionales para resolver controversias con el Estado.
Según el oficialismo, el régimen apunta a promover inversiones en actividades que actualmente tienen escaso desarrollo en el país o se encuentran en etapas iniciales, entre ellas grandes centros de datos destinados a inteligencia artificial, producción de semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital estratégica.
La propuesta oficial sostiene que el nuevo esquema permitirá impulsar exportaciones, generar empleo y desarrollar nuevas cadenas de valor en sectores considerados estratégicos para la economía.
El texto establece, además, que únicamente podrán acceder al régimen proyectos nuevos, por lo que quedan excluidas las inversiones destinadas a ampliar, modernizar o reconvertir instalaciones ya existentes.
El piso mínimo de inversión previsto también limita el acceso al régimen a emprendimientos de gran magnitud, aspecto que motivó cuestionamientos por parte de sectores de la oposición y de representantes del empresariado nacional, quienes sostienen que el esquema concentra los beneficios en proyectos de gran escala y deja fuera a gran parte de las empresas locales.
La iniciativa también contempla compromisos para las provincias que adhieran al régimen. Entre ellos, deberán garantizar estabilidad fiscal para los proyectos alcanzados y adecuar su esquema tributario, ya que el proyecto fija un límite del 0,50% para la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a estas inversiones y restringe la creación o aplicación de otros tributos sobre actos y contratos vinculados con los emprendimientos promovidos.